El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó a Costa Rica que, si pretende disminuir el nivel de la deuda pública por debajo del 55% del producto interno bruto (PIB) hacia el año 2030, será necesario aplicar medidas contundentes de contención del gasto. Por ello, la principal recomendación del organismo multilateral para lograr la meta es el congelamiento de los salarios del Gobierno Central.
“Se prevé que la contención del gasto, mediante un congelamiento salarial, sea el principal mecanismo de ajuste. No obstante, es probable que las prioridades del gasto se orienten más hacia la asistencia social y los proyectos de infraestructura”, recalcó el FMI al país.
La entidad internacional llegó a esta conclusión en su informe final del artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI para Costa Rica, publicado el 13 de mayo.
En el apartado de “Política fiscal”, el Fondo anticipa que la consolidación fiscal se reanudará en 2025 y proyecta un aumento del superávit primario hasta alcanzar el 1,3% del PIB. Además, estima que la deuda pública descenderá por debajo del 55% del PIB para el 2030, hasta llegar al 53,7%, y que las necesidades brutas de financiamiento se reducirán al 6,7% de la producción en ese mismo periodo.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, manifestó a La Nación que, si bien es necesario aplicar medidas relacionadas con los sueldos del sector público, la sugerencia del Fondo no resulta viable en el país, ya que no es factible mantener un congelamiento salarial por un periodo tan prolongado.
Según Hacienda, factores como la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (N.° 10.441), aprobada en el 2024 y vigente desde marzo pasado, junto con el incremento en la recaudación tributaria derivado de un mayor volumen de importaciones, deberían contribuir a mejorar la priorización y ejecución de la inversión pública, sin que recaiga todo en el congelamiento de salarios.
A febrero pasado, el Gobierno Central registró una planilla de 150.100 empleados, según la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Nogui Acosta: ‘No podemos congelarle los salarios a la gente durante mucho tiempo’
Consultado sobre la recomendación del FMI, el ministro Acosta afirmó que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N.° 9635) contribuyó a contener el crecimiento de la deuda al eliminar los pluses calculados como porcentajes del salario.
No obstante, descartó que mantener congelados los salarios hasta el 2030 sea una alternativa viable.
“No podemos congelarle los salarios a la gente durante mucho tiempo (...). Desde el punto de vista práctico nosotros debemos tener un balance entre la restricción fiscal que tenemos y una serie de medidas que hay que ir teniendo en relación con los temas salariales, con el tema del gasto social y la inversión pública”, comentó el jerarca.
Enfatizó que la economía “no funciona de manera lineal”. Por ello, señaló que aunque la reducción de la deuda es una meta del Estado, no necesariamente debe lograrse mediante una única estrategia, como el congelamiento salarial.
Además, señaló que una vez que la relación deuda–PIB se ubique por debajo del 60%, se proyectan incrementos en las remuneraciones.
“Veremos los mecanismos que nos acerquen al objetivo, pero no necesariamente vamos a estrangular la economía para lograrlo”, indicó Acosta.
El ministro agregó que Hacienda promoverá otras medidas para contener el crecimiento del gasto, como mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y buscar fuentes de financiamiento en condiciones más favorables, que permitan reducir el pago de intereses y amortizaciones.
Menor poder adquisitivo
A inicios de mayo, La Nación publicó que los salarios reales (monto obtenido al descontar la inflación) han mostrado un crecimiento entre los trabajadores del sector privado durante los últimos dos años. En contraste, los ingresos de 330.955 funcionarios públicos reflejan una caída en los últimos cinco años, aunque con una leve tendencia de recuperación, según un análisis del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
El ente emisor afirmó que, en el caso de los funcionarios públicos, el “ritmo desacelerado es resultado de la combinación de la aplicación de la regla fiscal con la inflación, que retornó a valores positivos desde diciembre del 2024, para un promedio de 1,2% durante el primer trimestre del 2025″.
A pesar de lo anterior, los datos de remuneraciones registradas ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) muestran que el sueldo promedio de un empleado público sigue por encima de uno privado.
En febrero pasado, los empleados de empresas privadas tenían un sueldo nominal (sin descontar la inflación) de ¢695.378, mientras que en el Gobierno Central ascendió a ¢1.041.258.
Elizabeth Morales, subdirectora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sector Público y Privado (Coopecaja), consideró que no efectuar ajustes salariales, como lo sugiere el FMI, tendría un impacto significativo en la motivación y retención del talento en el sector público, además de posibles repercusiones sociales en contextos de alta inflación o ante presiones crecientes sobre el costo de vida.
“(El control del gasto) no debe abordarse de forma aislada ni rígida. Es importante acompañar cualquier política de contención con reformas estructurales orientadas a la eficiencia del gasto, la mejora en la calidad del servicio público y la revisión de esquemas salariales que premien la productividad”, indicó Morales.
FMI proyecta reducción de la deuda, pero prevalecen dudas
En su informe, el Fondo Monetario Internacional afirmó que la consolidación fiscal de Costa Rica avanza a un ritmo adecuado, lo que permitiría una mayor reducción de la deuda y, con ello, una mejor capacidad del país para enfrentar eventuales shocks negativos.
Según las proyecciones fiscales más recientes publicadas por el Ministerio de Hacienda, el gobierno estima que la deuda representará un 59,5% del PIB en el 2025, mientras que para el 2030 se prevé que esta cifra disminuirá a un 54,2%.
Por su parte, el FMI proyecta que el endeudamiento público alcanzará un 59,7% del PIB en 2025 y se reducirá a un 53,7% en 2030.
Según la entidad, el espacio fiscal se redujo tras la disminución del impuesto a la propiedad de vehículos y de la base del impuesto sobre sociedades en 2023.
En consecuencia, concluye que la consolidación fiscal depende casi en su totalidad de recortes en el gasto, lo que implicará mantener el nivel de erogaciones por debajo de los techos establecidos por la regla fiscal.
